Malos manejos en el IPE

Ayer se confirmaron las sospechas de jubilados, pensionados y analistas de que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (el IPE) no pagaría las pensiones a las que está legalmente obligado, ni mucho menos aguinaldos y adeudos retroactivos. Hay personas que ni siquiera han cobrado la pensión del mes de noviembre.
Este quebranto del IPE es artificial, porque es una institución que cuenta con hoteles, restaurantes, cines y con la industria de los préstamos. Es la institución de Seguridad Social mexicana mejor financiada. El asunto es que en Veracruz se aproxima un periodo de votaciones importante: entre otros, se elegirá a un nuevo gobernador, a un gobernador pelele que durante dos años tapará las rapacerías del actual a fin de que los delitos prescriban, como en el caso de otro ex-gobernador, pero ahora sin pisar la cárcel. Y aunque las tres leyes del IPE que están vigentes prohiben el desvío de recursos para tales fines, la verdad es que una y otra vez se ha jineteado el dinero del IPE para tales propósitos. El problema es que en el año 2000 el PRI perdió las elecciones presidenciales y ese dinero se perdió para siempre, pues ganó el PAN. Y, por otra parte, los gobiernos del PAN empeoraron la situación de los mexicanos en general, dejando crecer al narcotráfico y, posteriormente, desatando una guerra de baja intensidad pero con un costo de más de 100 000 muertos. Sin contar los desaparecidos, a los lesionados y a los que perdieron bienes inmuebles en las balaceras.
El problema es que las víctimas de este saqueo no acertamos a encontrar el camino para enfrentar al monstruoso leviatán (alimentado con nuestro dinero) que promete dejarnos en la miseria. Hoy, los periódicos locales callaron. No dijeron absolutamente nada de nuestra manifestación, la que duró varias horas. En días pasados, si bien publicaron la noticia, también publicaron en la columna de al lado que el gobierno ya había pagado nuestras pensiones y aguinaldos y que nuestras manifestaciones "persiguen propósitos diferentes a la defensa de nuestros derechos".
Poco antes, publicaron que el Gobierno del Estado de Veracruz había recibido varios miles de millones de pesos para cumplir con el pago de sus obligaciones, incluidas las pensiones, aguinaldos y retroactivos que los jubilados y pensionados del IPE estamos reclamando. Nuestras tarjetas bancarias permanecen sin registrar la llegada de este dinero. A los que cobran por cheque les han rebotado el documento "por falta de fondos". Esto es un delito, se llama fraude. Y aquí es donde mis compañeros no atinan o no se atreven a intentar otro medio de defensa. Si se ha cometido un delito, hay que denunciarlo. Si los agraviados han sido muchos, también se ha hecho una gran ofensa a la sociedad y perseguir este delito tiene mayor interés. Claro está, mis compañeros de lucha temen a la corrupción de los tribunales y prefieren quedarse expuestos ante la inclemencia de los elementos bloqueando calles, y haciéndose acreedores a las maldiciones de los automovilistas que no tienen vela en el entierro.
Otra línea de defensa es el amparo ante un juez federal. No acuden al amparo por ignorancia o por temor, pues creen que hay que pasar por una larga secuela de denuncias a nivel estatal, donde piensan que los acechan muchos lacayos de la actual administración (y tal vez no se equivocan, pero no se puede hacer tabla rasa de todos los servidores públicos; pues, aunque parezca increíble, entre ellos hay gente honrada). No saben que el amparo indirecto se puede solicitar sin tener que transitar ese largo y sinuoso camino; en cambio, hay quien propone tomar plazas comerciales y casetas de cobro en las carreteras. Lo cual me parece que es hacerle el juego al gobierno: en vez de defenderse en los tribunales con las armas de la ley y de manifestarse públicamente dentro de la sensatez, se propone ir a afectar terceros y a cometer delitos; y a hacerlo fuera de la ciudad, para que seamos fácil presa de sicarios como los de Ayotzinapa o que se nos finquen delitos y así poder proceder legalmente en nuestra contra y acabar de una buena vez por todas con nuestro proyecto de vida. Y así quedarse con nuestras pensiones y nuestro patrimonio. De una vez fijo mi posición: yo no iré a tomar carreteras ni plazas comerciales. Si es preciso, me defenderé solo ante los tribunales.
Otra estrategia a la que le apuesta el mal gobierno, es a que la gente se desgaste en manifestaciones inútiles, protestas que no le hacen ni cosquillas. Y a que los protestones se malquisten con el resto de la ciudadanía por bloquear las calles. A que pase el tiempo con estas protestas sin mediar demanda de por medio ante los tribunales y los órganos de fiscalización; para, al final de su periodo, rendir cuentas: "nadie interpuso demanda alguna, no hay delito a perseguir" o "sí lo hubo, pero la demanda entró a destiempo y ya prescribió por falta de acción, así que ya no hay delito a perseguir". Porque las acciones legales que no se ejercen a tiempo, pierden validez. Como fue el caso del ex-gobernador Dante Delgado: después de dos años en prisión, salió, no porque fuera declarado inocente, sino porque los delitos que le imputaron se ejercieron a destiempo y la acción penal había caducado.