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miércoles, 31 de agosto de 2016

Renuncio a la COPIPEV

ADRIANA CHÁVEZ TEJEDA
Presidente de la COPIPEV A.C.

Por medio de la presente manifiesto mi deseo de renunciar de manera definitiva e irrevocable a cualquier tipo de membresía, militancia, asociación, colaboración o cualquier otra forma de participación similar en la Asociación Civil denominada COPIPEV que usted preside, por generarme ésta más problemas que soluciones.
Como es de su conocimiento soy jubilado afiliado al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (en lo sucesivo el IPE) y mi número de afiliación es el 22594, razón por la cual he sido afectado por los abusos de poder de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus cómplices, que son muchos y quienes es del dominio público han saqueado las arcas del IPE o al menos "jineteado" el dinero de nuestras pensiones incurriendo en retrasos en el pago de las mismas que son cada vez más frecuentes y por periodos más prolongados.
De la COPIPEV me enteré de manera accidental, nadie me convocó a pertenecer a ella pese a mi condición de víctima de los abusos de poder arriba citados, razón por la cual en 2015 decidí afiliarme y participar en las acciones de protesta y defensa de los jubilados y pensionados que organizó la COPIPEV.
Cabe hacer notar que mi recibimiento no fue grato, pues el primer día que me presenté a protestar en la plaza Lerdo fuí recibido por un sujeto de nombre Adrián Mendieta, quien de inmediato me insultó cuestionando mi presencia en la manifestación, insinuando que yo era un inflitrado de las autoridades responsables, que no tenía derecho a estar ahí pues en su opinión ni siquiera estaba afiliado al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Acusaciones sin fundamento ni prueba alguna; no obstante, ese recibimiento poco solidario me llevó a afiliarme a la Delegación 10 de la COPIPEV, donde militan muchas ex compañeras de trabajo de mi esposa, en vez de hacerlo en el de los jubilados del Área de Artes, que es la que me correspondería en razón de mi antigua contratación con la Universidad Veracruzana.
También es de hacer notar que soy Licenciado en Derecho y que si bien pude defenderme solo desde un principio, no me pareció ético hacerlo y darle la espalda a los compañeros que estaban luchando con mucha valentía pero poco seso, razón por la cual desde el inicio de mi militancia en la COPIPEV les he sugerido una y otra vez que busquen la vía del amparo federal para resolver el asunto de una buena vez por todas y de manera más segura, breve y sin molestar a la ciudadanía. En un principio ofrecí hacerlo de manera totalmente gratuita, como puede verse en las entradas anteriores de este blog.
Pero tal parece que desde la cúpula se dictó la línea de no acudir al amparo, como si los líderes de la COPIPEV tuviesen derecho a prohibir a sus agremiados el derecho a ampararse, fundando esta decisión en presupuestos falaces.
En la última reunión de la Delegación 10 a la que acudí con idea de firmar una demanda colectiva, al final de la reunión, en el momento de atender puntos generales, se me concedió la palabra y les planteé a los compañeros ahí presentes el ofrecimiento de tramitarles un amparo individual contra los retrasos en los pagos, situación que en nada debilitaría al movimiento. Todo lo contrario, lo fortalecería, al estar enterada la autoridad judicial federal de los abusos de las autoridades estatales. Se tomó el acuerdo de que quien quisiera solicitar el amparo podía acudir conmigo o con cualquier otro licenciado. Yo solamente solicité una cuota de recuperación de $500ºº, basándome en la expericencia de los juicios de amparo 739/2016  y 746/2016 tramitados por mí y mi esposa para ampararnos contra los retrasos cada vez más frecuentes y por periodos cada vez más prolongados. En estos juicios, que aún no concluyen, he gastado ya un tóner y 1000 hojas de papel bond, más varios litros de gasolina empleados en la transportación a los juzgados de distrito, que se encuentran en las afueras de la ciudad de Xalapa. En caso de prosperar mi propuesta, atender 1000 amparos me dejaría con una fuerte pérdida económica que me impediría seguir operando.
Una compañera de lucha de la delegación 10 me informó que la delegación tenía un blog llamado "La voz de los jubilados" y me invitó a hablar del problema y de sus posibles soluciones. También me informó que su yerno era abogado, con posgrado en la materia y mucha experiencia en materias de Amparo y Derechos Humanos, toda vez que había trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me informó que él también tenía dudas sobre la eficacia de las estrategias jurídicas seguidas por la COPIPEV, razón por la cual decidimos asociarnos y plantearle a Usted, señora Adriana, nuevas líneas de acción jurídica y sin ánimo de quitarle su trabajo al Licenciado Llanes, en quien confía Usted ciegamente. Nuestra idea era sumar esfuerzos, no restar.
Como respuesta, recibimos primero las descalificaciones del señor Adrián Mendieta, quien manifestó en la sección de comentarios que lo dicho en el video "Esta es su opinión personal, no coincide con la de muchos de nosotros, tal vez la mayoría, y él es una persona con muy poca participación en la lucha de los jubilados y la COPIPEV". Más adelante me insultó con el adjetivo "oportunista".
Acusaciones falsas, pues yo he estado en muchas manifestaciones, he estado defendiendo nuestra causa en mis redes sociales, como puede comprobarse en este blog, en mi Twitter y en mi Facebook, así como con el testimonio de mis compañeros de la delegación 10 más las demandas colectivas que he firmado. Incluso, tras las brutal represión del día 23 de diciembre, compartí y firmé una petición en change.org para que le retirasen el fuero al gobernador Javier Duarte de Ochoa y destituyesen al Secretario de Seguridad Pública de apellidos Bermúdez Zurita y, por mi parte, inicié otra para que se destituyese y enjuiciase al ejectuor de ese vergonzoso hecho, el señor Flavino Ríos Alvarado. Petición que no prosperó, pues alguién "tiró línea" desde la cúpula y sólo obtuve la vergonzosa cantidad de 550 firmas cuando hay aproximadamente 25000 jubilados del IPE. Acto mío éste más valiente y arriesgado que los infames comentarios de Adrián Mendieta, quien seguramente no firmó estas peticiones porque mis ideas "no coinciden con las de la mayoría de la COPIPEV".
El caso del señor Adrián Mendieta, un chairo de visión miope e ignorante, no tendría importancia si Usted, señora Adriana, no hubiese emitido una declaración en la misma línea y con insultos peores en su cuenta de Facebook. En vez de invitarnos a plantear nuestras líneas de acción a usted y otros delegados, se nos denostó públicamente con el comunicado que transcribo a continuación:
"Nos enteramos de la existencia de un blog llamado 'La voz de los jubilados' en el que se da voz a Francisco González Christen. Él y otro licenciado han iniciado una campaña en face para advertir a los jubilados que la RECOMENDACIÓN de la CEDH NO servirá de nada y que tienen que ampararse, con ellos, claro, por $500 (Nota mía: seguramente la cuota de recuperación de $500 es un gran negocio y los $180000 que le pagaron a Llanes por hacer la denuncia en la CDEH es una cantidad menor). Entendemos la necesidad de muchos de ampliar sus ingresos; también comprendemos que los jubilados nos hemos convertido en un botín apetitoso para muchos tinterillos que quieren hacer negocio personal a costa de la situación de los jubilados. (Nota mía: también somos un botín para políticos y líderes sin escrúpulos que traen a los jubilados por las calles como reses al matadero ocasionando graves trastornos a la ciudadanía y exponiéndolos a la agresión de grupos de choque o a la represión de las fuerzas estatales. Esto, como estrategia para hacerles perder a los jubilados y pensionados sus plazos legales y evitar que se amparen contra los abusos de las autoridades.)
La COPIPEV A.C. se rige por un Estatuto y toma las decisiones DE MANERA COLEGIADA (Nota mía: al igual que el PRI y el FESAPAUV, es decir, de manera 'vertical', sin escuchar ni atender a las bases; no obstante esta verticalidad, yo le solicité a Usted que nos escuche a mí y al Licenciado Argel Humberto Aguirre García, pues ambos coincidimos en que la estrategia jurídica seguida por la COPIPEV, pese a sus logros, es insuficiente y en ocasiones, ERRONEA.  En vez de concedernos este derecho, Usted nos atacó públicamente, sin concedernos el derecho de audiencia. Vaya organización democrática la de su asociación).
Mucho nos ha costado esta lucha (nota mía: y de acudir a los amparos desde hace año y medio ya se habría triunfado, sin molestar a la ciudadanía y sin caer en la represión del día 23 de diciembre, y se habría obtenido un triunfo legal más fuerte que la endeble recomendación de la CEDH), y no estamos de acuerdo en que un asociado tome decisiones que involucran a todos y que no fueron consensuadas (Nota mía: falso: la decisión de acudir a mí para ampararse individuamente contra los retrasos se tomó en la reunión de la Delegación 10 y planeábamos invitar a otras delegaciones. Por éso le solicité la audiencia que Usted nunca nos concedió).
Tampoco estamos de acuerdo en que suban a dicho blog nuestras conferencias de prensa y nuestras declaraciones y NOS DESLINDAMOS de cualquier acción que emprendan Francisco González Christen y su socio Argel Humberto Aguirre García". (Nota mía: es decir, el subtexto de esta última declaración es: LOS TRAICIONAMOS LISA Y LLANAMENTE y le denegamos el acceso a una justicia pronta y eficaz a las bases de la COPIPEV, puesto que éstas son de nuestra propiedad. Además no queremos que la ciudadanía se entere de nuestra lucha en las redes sociales).
En primer lugar, exijo una disculpa pública tanto de Usted como de Adrián Mendieta al menos en los medios de comunicación en que fuimos denostados su servidor y el licenciado Argel Humberto.
En segundo lugar, presento esta renuncia con carácter irrevocable. Me niego a seguir siendo un asociado de la COPIPEV y me voy con la sensación de haber sido traicionado.
En tercer lugar, sostengo el ofrecimiento que hice a los compañeros de la Delegación 10 de asesorarlos para que de manera poco onerosa puedan obtener un amparo contra los retrasos injustificados y les agradezco mucho su compañerismo. Lamento que el resto de la COPIPEV no esté integrado por seres humanos de la calidad que ustedes tienen.
En cuarto lugar, les sugiero que consulten a otros abogados, toda vez que no confían en mí, para que les digan cuál es el valor jurídico de la recomendación de la CEDH. Les dirán que la recomendación está redactada con un excelente técnica jurídica; pero que, lamentablemente, no tiene poder de coerción sobre las autoridades responsables, pese a haberse comprometido éstas en un convenio. Lo que significa que tienen que confiar en la palabra de las autoridades duartistas, palabra que también se les otorgó el día 22 de diciembre de 2015 y que no sólo no se cumplió, sino que al día siguiente les echaron la policía encima.
                                      

                                                      A T E N T A M E N T E



                              Licenciado en Derecho Francisco Santiago Emilio González Christen








domingo, 21 de agosto de 2016

juicio de amparo: Medicina contra la impunidad y la corrupción

"¿Qué hacer con mi vida?" Fue lo que me pregunté cuando renuncié a la Universidad Veracruzana para jubilarme. "Pues resolver algunas gestalts pendientes"; como, por ejemplo, intentar ser campeón mundial master en ajedrez, igualarle la marca a Mozart en cantidad de sinfonías compuestas; o, por el contrario, escribir literatura, algo que nació de mí cuando era apenas un puber, sin que nadie me lo inculcase. Desde luego, también pasearía con mi familia, atendería mi jardín: tengo macetas donde en otros tiempos sembraba lechugas, rábanos, cilantros, perejiles, pimientos, acelgas; en fin toda clase de vegetales cuya procedencia orgánica me permitiría comerlos sin temor alguno. Una actividad que me encantaba era ir a pasear en bicicleta al Parque Natura y otro día ir al gimnasio a hacer ejercicio con pesas y aparatos. El cine también estaba dentro de mis opciones, tanto como espectador como hacedor, razón por la cual tomé varios diplomados de guionismo, dirección, producción, edición de sonido y de video. Fue tan intenso el deseo que esto me llevó a hacer una Maestría en Produccción Artística y Marketing Cultural (en el Instituto Realia) y esto me trajo de nuevo a la música... pero duarte me trajo de regreso a las leyes. Mi tesis de Maestría fue llevar a escena de nueva cuenta mi ópera Tropical de manera independiente a cualquier instancia gubernamental. Para esto, tenía que ser autosustentable o al menos patrocinada por la iniciativa privada. Justo hace un año estabamos en eso. Alguna vez salí al coffee brake de Realia para ver que apostados en el Banamex de Enríquez y de ahí hasta la Plaza Lerdo estaban unos singulares sujetos exhibiendo mantas que decían: "No falta dinero, sobran ladrones". "Qué divertido eslogan", pensé."A alguien habrán defraudado y está protestando, lo bueno es que yo no soy la víctima". Seguí avanzando y de repente ví que entre los manifestantes estaban varios ex compañeros del Área de Artes, así como otros ex compañeros universitarios y ahí caí en la cuenta de que yo también era víctima de un gran megafraude, pero vivía en la inconsciencia.
–Duarte, ratero ¡regresa mi dinero! – gritaban a coro.
Así es de negra y tirana mi suerte: en vez de dedicarme a la campaña de procuración de fondos para finaciar la puesta en escena de mi ópera, me ví forzado a unirme a las manifestaciones de jubilados, sobre todo a la que tomó SEFIPLAN en junio del año pasado. Esta falta de procuración de fondos me llevó a pedir dos préstamos, uno de ellos a la empresa Intermercado cuyos intereses son altísimos. Y no me pude recuperar en taquilla a causa no sólo de la crisis de petróleo y la devaluación del Yuan, sino a la crisis veracruzana, ésta más por casos de corrupción, desvío de fondos, malos manejos finacieros e impunidad. Los veracruzanos estaban empobrecidos en septiembre de 2015, numerosas empresas quebraron o despidieron personal.
También estuve yendo a las manifestaciones de diciembre del año pasado, excepto a la del día 23, a la que por un afortunado retraso para mi integridad física pero infortunado para mi vocación de reportero de guerra no asistí a tiempo.
Como soy abogado, aunque ejercí pocas veces esta profesión, sabía que contra actos de autoridad que vulneran las garantías individuales y ahora también los derechos humanos, procede el amparo indirecto, siempre y cuando se ejerza en tiempo y forma, porque el derecho a protestar por esta vía caduca entre 15 y 30 días naturales, según el caso. De manera que hice varias publicaciones en mis redes sociales para que mis compañeros de lucha hiciesen valer este derecho tanto en vía colectiva como individual. Eso me valió para que el primer día en que me incorporé a las manifestaciones alguien me señalara como traidor.
Una vez aclarado que no soy paladín de duarte (ese adjetivo es por ahora el peor insulto que se me puede hacer y yo a mi vez lo manejo como insulto contra los que sí se desempeñan como defensores de este tipo), ya se me aceptó en el movimiento, con muchas restricciones al principio, pues los compañeros de lucha tienen bastantes temores ("Fundados", tomando prestado un concepto del Derecho Penal). Ahora he sido aceptado de pleno derecho en el movimiento y yo desde mi trinchera apoyo su lucha. Al principio, mi sugerencia de acudir a los juzgados federales siempre fue deshechada. "Ya tenemos nuestros abogados" era un modelo de respuesta. Abogados que cobraban $180 000 por hacer una demanda colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (la CEDH). Independientemente de las virtudes de Namiko Matzumoto como Ombudswoman, sus recomendaciones no tienen poder de coherción sobre las autoridades responsables de los retrasos en los pagos y mucho menos respecto al desfalco de la reserva técnica.
Tras un año de estar asistiendo a manifestaciones, demandas infructuosas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y muchas juntas en delegaciones tanto de la que me corresponde en la COPIPEV como en la ASOGEMA (a la cual dejé de asistir ante el silencio de Héctor Yunes Landa ya ungido candidato a gobernador), este mes de junio, en vez de seguir con la misma estrategia, el día cuatro de julio mi esposa y yo acudimos a los Juzgados de Distrito a interponer un amparo en vez de ir a la CEDH.
"No lo hagas, vas a debilitar al movimiento" (¿¿¿???) ¿De qué se trata? ¿De que la guerra nunca termine, como en 1984 de Orwell? En algún pasaje de esta novela, hay un personaje poderoso que dice
–No importa quien gane la guerra, porque lo importante es que la guerra nunca termine, ya que la guerra destruye la obra del ser humano.
Al menos ya convencí a la Delegación 10 de la COPIPEV que tramitar amparos individuales contra los retrasos lejos de debilitar al movimiento lo fortalece y ya me autorizaron en asamblea a tramitarle sus amparos a los compañeros de lucha que sufran a causa de estos retrasos, que son violatorios de sus derechos humanos. A su vez, esta actividad me permitió encontrarme con el yerno de una compañera de lucha que es especialista en el Juicio de Amparo y en Derechos Humanos, pues trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene posgrados en la materia.
El asunto es que el amparo indirecto procede contra actos u omisiones de las autoridades de los Estados, que invadan la competencia federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la ley de amparo. (Ver artículo primero de la Ley de Amparo vigente, fracción III y párrafo final). El derecho a recibir una pensión es un derecho humano no sólo reconocido por nuestra constitución, sino por los tratados internacionales suscritos y adoptados por México, que son varios. La pensión, a su vez, es producto del trabajo de quien lo efectuó. Por consiguiente, el que no se otorgue, pague o pague a tiempo, de entrada viola lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución que dice "nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial", en tanto que el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo dice que los pagos deben ser puntuales.
El artículo 4 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a las bases y acceso a los servicios de salud, a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, al acceso a la cultura y a la cultura física, así como a su disfrute ¿Cumplen lo dispuesto con el artículo 4º las autoridades responsables de pagar las pensiones cuando incurren cada vez más en retrasos y éstos por periodos cada vez más prolongados? Desde luego que no y ahí están violando el derecho a una vida digna por parte de los jubilados y pensionados. ¿Son autoridades judiciales competentes para dictaminar la legalidad de estos retrasos? Tampoco. Entonces, violan lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 29, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos relativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Estatuo de Roma, el Convenio de la OIT, y un largo etéctera.
La gente quizá le teme al amparo porque es un juicio caro y probablemente piensen: "mi pensión es de de $3000 pesos mensuales y el abogado más baratero me cobra $5000 por interponer la demanda, mejor me aguanto unos días, total, hasta ahora no se han retrasado más de una semana" y entonces agachan la cabeza, se truenan los dedos porque el despacho de cobranzas del banco se está poniendo pesado y por un retraso de unos días ya está amenazando (ilegalmente, pero como estrategia psicológica) con embargarle la casa. No es que lo diga abiertamente, pero el tono es como que sí lo va a hacer y tiene derecho a hacerlo, lo cual es falso. Tal vez regrese a casa y se encuentre con que el empleado de la CFE le cortó la luz y los pescados que estaban en el congelador ya se van a hechar a perder. O le cortaron el teléfono con todo y el internet. O el agua, o todo junto.
Tal vez se enferme y vaya al IMSS nada más para enterarse de que no tiene derecho al servicio porque el IPE no cubrió la cuota correspondiente al mes en curso. En fin, una violación masiva a los derechos humanos dispuestos por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indignado, tal vez asista a una manifestación, donde ya se le adelantaron los 400 pueblos a los jubilados o, de plano, a una manifestación que va a ser disuelta por un pelotón policiaco armado de toletes, escudos y aparatos para producir descargas eléctricas, manejados por personal paramilitar (es decir, policías) pero sin honor de militares. Un militar con honor arriesga la vida luchando por la patria contra enemigos poderosos y no se dedica a maltratar a personas de la tercera edad que están exigiendo pacíficamente lo que por derecho les corresponde.
La propuesta que hice a la Delegación 10 de la COPIPEV fue aceptada y es la siguiente: a los compañeros  afiliados a la COPIPEV y a la Delegación 10 nada más se les pedirá un apoyo económico para recuperar gastos de tinta, papel, gasolina y algo de energía eléctrica. Gastos que no superan los $500 pesos mexicanos. Tengo la fortuna de que un colega muy bien capacitado se ha sumado a mi equipo de trabajo. Es probable que otras delegaciones se sumen a nuestra propuesta.
El juicio de amparo que mi esposa y yo intentamos está en curso y muy probablemente para fines de septiembre esté resuelto. El juicio de amparo es rapidito y no se juega en las canchas de duarte, sino en las federales. Los informes que las autoridades responsables están emitiendo, a su vez nos ayudarán para entender mejor el problema para argumentar en otras vías legales que de manera colectiva se estén intentando.
Lo deseable es que las autoridades del fatídico régimen de duarte ya se abstengan de estar saqueando al IPE y también de estar jineteando el dinero de pensionados y jubilados, que paguen a tiempo y que no le hereden el problema a la siguiente administración. Aunque me temo que, dada la manifiesta enemistad entre el gobernador saliente y el entrante, duarte está preparando su última jugada para entregarle una papa caliente a Yunes Linares y así prolongar el conflicto de los derecho habientes del IPE con el nuevo gobierno, violentando una vez más nuestros derechos humanos y de pasadita creando situaciones de ingobernabilidad para el sucesor. De ahí la importancia de luchar por obtener un amparo. A los que estemos amparados la justicia federal nos protegerá, a los que estén desamparados los van a asaltar en despoblado. Para mayores informes, escribirme al correo fsegch@gmail.com