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domingo, 21 de agosto de 2016

juicio de amparo: Medicina contra la impunidad y la corrupción

"¿Qué hacer con mi vida?" Fue lo que me pregunté cuando renuncié a la Universidad Veracruzana para jubilarme. "Pues resolver algunas gestalts pendientes"; como, por ejemplo, intentar ser campeón mundial master en ajedrez, igualarle la marca a Mozart en cantidad de sinfonías compuestas; o, por el contrario, escribir literatura, algo que nació de mí cuando era apenas un puber, sin que nadie me lo inculcase. Desde luego, también pasearía con mi familia, atendería mi jardín: tengo macetas donde en otros tiempos sembraba lechugas, rábanos, cilantros, perejiles, pimientos, acelgas; en fin toda clase de vegetales cuya procedencia orgánica me permitiría comerlos sin temor alguno. Una actividad que me encantaba era ir a pasear en bicicleta al Parque Natura y otro día ir al gimnasio a hacer ejercicio con pesas y aparatos. El cine también estaba dentro de mis opciones, tanto como espectador como hacedor, razón por la cual tomé varios diplomados de guionismo, dirección, producción, edición de sonido y de video. Fue tan intenso el deseo que esto me llevó a hacer una Maestría en Produccción Artística y Marketing Cultural (en el Instituto Realia) y esto me trajo de nuevo a la música... pero duarte me trajo de regreso a las leyes. Mi tesis de Maestría fue llevar a escena de nueva cuenta mi ópera Tropical de manera independiente a cualquier instancia gubernamental. Para esto, tenía que ser autosustentable o al menos patrocinada por la iniciativa privada. Justo hace un año estabamos en eso. Alguna vez salí al coffee brake de Realia para ver que apostados en el Banamex de Enríquez y de ahí hasta la Plaza Lerdo estaban unos singulares sujetos exhibiendo mantas que decían: "No falta dinero, sobran ladrones". "Qué divertido eslogan", pensé."A alguien habrán defraudado y está protestando, lo bueno es que yo no soy la víctima". Seguí avanzando y de repente ví que entre los manifestantes estaban varios ex compañeros del Área de Artes, así como otros ex compañeros universitarios y ahí caí en la cuenta de que yo también era víctima de un gran megafraude, pero vivía en la inconsciencia.
–Duarte, ratero ¡regresa mi dinero! – gritaban a coro.
Así es de negra y tirana mi suerte: en vez de dedicarme a la campaña de procuración de fondos para finaciar la puesta en escena de mi ópera, me ví forzado a unirme a las manifestaciones de jubilados, sobre todo a la que tomó SEFIPLAN en junio del año pasado. Esta falta de procuración de fondos me llevó a pedir dos préstamos, uno de ellos a la empresa Intermercado cuyos intereses son altísimos. Y no me pude recuperar en taquilla a causa no sólo de la crisis de petróleo y la devaluación del Yuan, sino a la crisis veracruzana, ésta más por casos de corrupción, desvío de fondos, malos manejos finacieros e impunidad. Los veracruzanos estaban empobrecidos en septiembre de 2015, numerosas empresas quebraron o despidieron personal.
También estuve yendo a las manifestaciones de diciembre del año pasado, excepto a la del día 23, a la que por un afortunado retraso para mi integridad física pero infortunado para mi vocación de reportero de guerra no asistí a tiempo.
Como soy abogado, aunque ejercí pocas veces esta profesión, sabía que contra actos de autoridad que vulneran las garantías individuales y ahora también los derechos humanos, procede el amparo indirecto, siempre y cuando se ejerza en tiempo y forma, porque el derecho a protestar por esta vía caduca entre 15 y 30 días naturales, según el caso. De manera que hice varias publicaciones en mis redes sociales para que mis compañeros de lucha hiciesen valer este derecho tanto en vía colectiva como individual. Eso me valió para que el primer día en que me incorporé a las manifestaciones alguien me señalara como traidor.
Una vez aclarado que no soy paladín de duarte (ese adjetivo es por ahora el peor insulto que se me puede hacer y yo a mi vez lo manejo como insulto contra los que sí se desempeñan como defensores de este tipo), ya se me aceptó en el movimiento, con muchas restricciones al principio, pues los compañeros de lucha tienen bastantes temores ("Fundados", tomando prestado un concepto del Derecho Penal). Ahora he sido aceptado de pleno derecho en el movimiento y yo desde mi trinchera apoyo su lucha. Al principio, mi sugerencia de acudir a los juzgados federales siempre fue deshechada. "Ya tenemos nuestros abogados" era un modelo de respuesta. Abogados que cobraban $180 000 por hacer una demanda colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (la CEDH). Independientemente de las virtudes de Namiko Matzumoto como Ombudswoman, sus recomendaciones no tienen poder de coherción sobre las autoridades responsables de los retrasos en los pagos y mucho menos respecto al desfalco de la reserva técnica.
Tras un año de estar asistiendo a manifestaciones, demandas infructuosas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y muchas juntas en delegaciones tanto de la que me corresponde en la COPIPEV como en la ASOGEMA (a la cual dejé de asistir ante el silencio de Héctor Yunes Landa ya ungido candidato a gobernador), este mes de junio, en vez de seguir con la misma estrategia, el día cuatro de julio mi esposa y yo acudimos a los Juzgados de Distrito a interponer un amparo en vez de ir a la CEDH.
"No lo hagas, vas a debilitar al movimiento" (¿¿¿???) ¿De qué se trata? ¿De que la guerra nunca termine, como en 1984 de Orwell? En algún pasaje de esta novela, hay un personaje poderoso que dice
–No importa quien gane la guerra, porque lo importante es que la guerra nunca termine, ya que la guerra destruye la obra del ser humano.
Al menos ya convencí a la Delegación 10 de la COPIPEV que tramitar amparos individuales contra los retrasos lejos de debilitar al movimiento lo fortalece y ya me autorizaron en asamblea a tramitarle sus amparos a los compañeros de lucha que sufran a causa de estos retrasos, que son violatorios de sus derechos humanos. A su vez, esta actividad me permitió encontrarme con el yerno de una compañera de lucha que es especialista en el Juicio de Amparo y en Derechos Humanos, pues trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene posgrados en la materia.
El asunto es que el amparo indirecto procede contra actos u omisiones de las autoridades de los Estados, que invadan la competencia federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la ley de amparo. (Ver artículo primero de la Ley de Amparo vigente, fracción III y párrafo final). El derecho a recibir una pensión es un derecho humano no sólo reconocido por nuestra constitución, sino por los tratados internacionales suscritos y adoptados por México, que son varios. La pensión, a su vez, es producto del trabajo de quien lo efectuó. Por consiguiente, el que no se otorgue, pague o pague a tiempo, de entrada viola lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución que dice "nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial", en tanto que el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo dice que los pagos deben ser puntuales.
El artículo 4 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a las bases y acceso a los servicios de salud, a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, al acceso a la cultura y a la cultura física, así como a su disfrute ¿Cumplen lo dispuesto con el artículo 4º las autoridades responsables de pagar las pensiones cuando incurren cada vez más en retrasos y éstos por periodos cada vez más prolongados? Desde luego que no y ahí están violando el derecho a una vida digna por parte de los jubilados y pensionados. ¿Son autoridades judiciales competentes para dictaminar la legalidad de estos retrasos? Tampoco. Entonces, violan lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 29, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos relativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Estatuo de Roma, el Convenio de la OIT, y un largo etéctera.
La gente quizá le teme al amparo porque es un juicio caro y probablemente piensen: "mi pensión es de de $3000 pesos mensuales y el abogado más baratero me cobra $5000 por interponer la demanda, mejor me aguanto unos días, total, hasta ahora no se han retrasado más de una semana" y entonces agachan la cabeza, se truenan los dedos porque el despacho de cobranzas del banco se está poniendo pesado y por un retraso de unos días ya está amenazando (ilegalmente, pero como estrategia psicológica) con embargarle la casa. No es que lo diga abiertamente, pero el tono es como que sí lo va a hacer y tiene derecho a hacerlo, lo cual es falso. Tal vez regrese a casa y se encuentre con que el empleado de la CFE le cortó la luz y los pescados que estaban en el congelador ya se van a hechar a perder. O le cortaron el teléfono con todo y el internet. O el agua, o todo junto.
Tal vez se enferme y vaya al IMSS nada más para enterarse de que no tiene derecho al servicio porque el IPE no cubrió la cuota correspondiente al mes en curso. En fin, una violación masiva a los derechos humanos dispuestos por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indignado, tal vez asista a una manifestación, donde ya se le adelantaron los 400 pueblos a los jubilados o, de plano, a una manifestación que va a ser disuelta por un pelotón policiaco armado de toletes, escudos y aparatos para producir descargas eléctricas, manejados por personal paramilitar (es decir, policías) pero sin honor de militares. Un militar con honor arriesga la vida luchando por la patria contra enemigos poderosos y no se dedica a maltratar a personas de la tercera edad que están exigiendo pacíficamente lo que por derecho les corresponde.
La propuesta que hice a la Delegación 10 de la COPIPEV fue aceptada y es la siguiente: a los compañeros  afiliados a la COPIPEV y a la Delegación 10 nada más se les pedirá un apoyo económico para recuperar gastos de tinta, papel, gasolina y algo de energía eléctrica. Gastos que no superan los $500 pesos mexicanos. Tengo la fortuna de que un colega muy bien capacitado se ha sumado a mi equipo de trabajo. Es probable que otras delegaciones se sumen a nuestra propuesta.
El juicio de amparo que mi esposa y yo intentamos está en curso y muy probablemente para fines de septiembre esté resuelto. El juicio de amparo es rapidito y no se juega en las canchas de duarte, sino en las federales. Los informes que las autoridades responsables están emitiendo, a su vez nos ayudarán para entender mejor el problema para argumentar en otras vías legales que de manera colectiva se estén intentando.
Lo deseable es que las autoridades del fatídico régimen de duarte ya se abstengan de estar saqueando al IPE y también de estar jineteando el dinero de pensionados y jubilados, que paguen a tiempo y que no le hereden el problema a la siguiente administración. Aunque me temo que, dada la manifiesta enemistad entre el gobernador saliente y el entrante, duarte está preparando su última jugada para entregarle una papa caliente a Yunes Linares y así prolongar el conflicto de los derecho habientes del IPE con el nuevo gobierno, violentando una vez más nuestros derechos humanos y de pasadita creando situaciones de ingobernabilidad para el sucesor. De ahí la importancia de luchar por obtener un amparo. A los que estemos amparados la justicia federal nos protegerá, a los que estén desamparados los van a asaltar en despoblado. Para mayores informes, escribirme al correo fsegch@gmail.com


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