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viernes, 27 de octubre de 2017

México, país de leyes.

Estoy leyendo El seductor de la patria de Enrique Serna, un excelente escritor mexicano, donde el protagonista dice "Gómez Farías creía ciegamente en las leyes, como si la letra impresa pudiera convertir la lucha por el poder en un civilizado juego de mesa. Pero las leyes propician otra clase de tiranía, la de los cretinos que son incapaces de resolver un problema, pero invocan la ley para obstaculizar a los hombres de acción".
¿Cierto o falso? ¿Usted ha tenido que resolver algún asunto en los tribunales mexicanos? Los más rápidos y eficientes, sin duda, son los tribunales federales de amparo, los más rescatables de nuestro sistema. En ellos un juicio llegará tarde o temprano a su conclusión y si es de esos que llegan a los Tribunales Colegiados de Circuito, pueden durar año o año y medio. Pero se resuelven, para bien o para mal. En cambio, un asunto civil puede llegar a ser interminable.
Los juicios son procesos para resolver conflictos de interés. En psicología y en música las disonancias son tensiones derivadas de algún conflicto. En la música clásica, las disonancias se tenían que resolver. En la contemporánea no, pues a menudo de lo que se trata es de generar una angustia profunda en el auditorio ¿A quién beneficia que los conflictos nunca se resuelvan? Desde luego que no a los abogados, pues si los juicios civiles, penales o agrarios nunca se resuelven, las vidas que están atrapadas en esos procesos estarán siempre en tensión, obstaculizadas, y el abogado tarde o temprano perderá a su cliente y su reputación. Pues el cliente pensará que fue el abogado quien lo traicionó y nunca que el juez fue un cetino incapaz de resolver su conflicto.
Continua diciendo el personaje de la novela de Enrique Serna, que "En tiempos de la Colonia, cualquier intento de hacer bien las cosas tropezaba con una densa maraña de códigos y reglamentos, tan intrnincada como la filigrana churrigueresca... Gracias a Dios, las leyes son elásticas  y el poder siempre las utiliza para obrar a su antojo" ¿Han cambiado las cosas en el México moderno? En la Edad Media europea y en la Colonia mexicana, el poderoso era el único que podía obtener una sentencia favorable. En algún lugar del Manifiesto del Partido Comunista Carlos Marx y Federico Engels dijeron que en el sistema capitalista "tanto tienes, tanto vales".
El protagonista de la obra aquí mencionada de Enrique Serna es Antonio López de Santa Anna, señalado ante la Historia por haber vendido la mitad de México. No es mi propósito defender o acusar a este personaje de tal señalamiento, pero sí el hacer notar que los párrafos que he citado siguen siendo vigentes  en el México moderno. Se dice en los pasillos de los tribunales que Enrique Peña Nieto dió la orden de no meter a la cárcel a nadie y que para eso está el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, un padre que no da alimentos a sus hijos menores de edad puede andar fresco como una lechuga por la calle y sin cumplir con su obligación, de la misma manera que una madre que le practicó la "padrectomía" a sus hijos por celos, sean éstos producto de hechos reales o imaginarios, bastará con que se cambie de domicilio y no le informe a nadie de su paradero, para que la acción de la justicia veracruzana nunca la alcance. Tan sencillo como esto: el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles veracruzano establece que los litigantes, entre otras cosas, "deben designar la casa en que haya de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Si no cumplen con las dos primeras prevenciones del párrafo anterior, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas deban hacerse personalmente, se harán por lista de acuerdos, en los términos del artículo 79" (Y aquí empieza la churriguera, un artículo remite a otro y este a otro, y otro, y otro). Sin embargo, hasta aquí va bien la cosa. El problema es que el artículo 76 establece que "La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el juez que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre o apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. La notificación se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto". En otras palabras, si el denunciante ignora el domicilio del demandado, el denunciante no tiene derechos en opinión de los jueces veracruzanos, porque el juicio civil  no puede arrancar sin esta notificación. Lo dispuesto por estos artículos y el artículo 82 del mismo código son letra muerta, pues, aunque el artículo 82 establece que "Cuando se ignore el lugar y habitación donde resida la persona que deba ser emplazada o notificada, previa la acreditación fehaciente del desconocimiento general del domicilio, se le hará la primera notificación por medio de edictos, publicados en "La Gaceta Oficial" y en algún otro periódico de mayor circulación, a juicio del juez, etc."
Además los jueces están facultados para solicitar informes a otras instituciones o empresas para que digan donde vive el demandado. Los documentos públicos, en materia de derecho, se dice que "hacen prueba plena". Bastaría con que el notificador dijese que "no encontré a la parte demandada y un vecino me dijo que tiene varios meses que ya no vive ahí" para que se procediese o bien a notificar por estrados o bien a notificarse mediante edictos ¿Pero qué ocurre en la práctica forense civil veracruzana? Que los actuarios nunca encuentran a la persona demandada y que casi todos los vecinos no la conocen, que el único vecino que la conoce dijo que ya tiene meses de no vivir ahí. También ocurre que los testigos del actor confirmen en audiencia lo dicho por actuarios y vecinos y las dependencias de gobierno y empresas a las que se les pidió informes digan que no tienen registro de domicilio alguno a nombre de la parte demandada o que el registro que tienen es precisamente en el domicilio donde ya le dijeron a los actuarios que esa persona ya no vive ahí; sin embargo, cuando se le pide al juez civil veracruzano que dé el paso siguiente, siempre resuelve diciendo que "no ha lugar a lo solicitado". Es decir, la parte lesionada por el reo, en su cretino criterio, no tiene derechos porque el reo se anda escondiendo. Para esto, hay que hacer una especie de apelación al tribunal de alzada, el cual seguramente compartirá el mismo cretino criterio y retardará aún más la acción de la justicia. Sobre todo, el hecho de poder apelar dentro de los tribunales estatales impide que proceda de inmediato una demanda de amparo contra los cretinos criterios del juez civil. De ahí que el rumor popular que dice que "la justicia veracruzana es una porquería" está creciendo día con día.
Es una gran cosa que exista el juicio de amparo, pues de alguna manera sí es una medicina que puede reparar los daños provocados por las enfermedades jurídicas de los mexicanos. Aunque, la verdad es que no debería de existir la necesidad de recurrir a este juicio, pues es un juicio para protegernos de los abusos de los poderosos. Y los poderosos deberían ser los primeros en respetar la ley. Claro que un político mexicano nos diría: "Pues para eso soy poderoso, para llenarme de dinero los bolsillos impunemente".
Así que basta que una pérfida mujer, cual versión femenina de Yago, el rival de Otelo, le envenene el alma a una buena mujer diciéndole que su marido no sólo se acuesta con mujeres, sino con niños, hombres y animales, y como esta buena mujer es buena buena, se traga el veneno y empieza a hacerle insoportable la vida al marido hasta que la relación sentimental de ambos acaba en los tribunales civiles. ¿Cuántos médicos, secretarias, enfermeras, ingenieros, músicos, arquitectos, albañiles, choferes, obreros, campesinos, científicos, escritores, periodistas, madres de familia, estudiantes, militares, policías o miembros de cualquier otro gremio no han visto entorpecidas sus vidas por algún tipo de juicio injusto e interminable? ¿Cuánto le cuesta al país que esta gente en vez de atender sus oficios y trabajar esté entorpecida por un juicio de temporalidad infinita? ¿Cuánto dinero y energía se pierde en un proceso jurídico? ¿Por qué cada vez hay más gente que opta por delinquir en nuestro país? Son preguntas para la reflexión. Porque no tengo la estadística a la mano, pero intuyo que estoy hablando de millones de mexicanos cuyas vidas están entorpecidas por un cretino que es incapaz de resolver una controversia o una simple jurisdicción voluntaria.

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